En lengua mixteca, “ndaꞌvi” significa “según la costumbre”, pero en algunos casos se traduce como violencia, y Angélica, fue precisamente una víctima más de las costumbres que imperan en la región de La Montaña de Guerrero.

Para esta menor de 15 años, el martirio aún no termina, y el respaldo gubernamental es prácticamente inexistente. Apenas el mes pasado fue encarcelada por policías comunitarios, luego de oponerse a ser violada por su suegro, hoy, se encuentra a salvo pero es su familia la que corre peligro: su padre y su abuela están amenazados, mientras que su madre aún padece las secuelas de un aborto.

Aunque el agresor, el señor Rutilio Julián Moreno, suegro de la menor, fue detenido, Angélica no ha podido dormir tranquila, pues teme que en cualquier momento vengan por su familia que expuso una práctica en la región, como es la compra de menores y el matrimonio forzado.

“Por ahora no van a hacer nada, pero van a hacer algo, lo van a matar y así lo van a hacer porque así son allá”, declara en entrevista desde la casa donde se mantiene resguardada, junto con su familia, en un cuarto de dos por cuatro metros, con una cama y dos petates que comparte con sus cuatro hermanas y dos hermanos.

Angélica dice sentirse mejor, pero poco tranquila, pues su padre estaría siendo acusado de haberla vendido.

“Como dicen que van lo van meter, mi papá no tiene la culpa de que se vaya a la cárcel, así que ojalá que no metan a mi papá a la cárcel porque el único culpable es el señor, el suegro que tuve, así que mi papá no tiene la culpa que vaya a la cárcel”, declara la menor.

El problema es grave, no tienen casa, y no pueden regresar a la comunidad de Joya Real, donde vive su abuela, su padre no tiene trabajo, y su madre, notablemente desorientada, pues apenas se está recuperando luego de haber sido golpeada por un comandante de la policía comunitaria de Dos Ríos. Aunque Concepción poco a poco mejora tras ser agredida por policías comunitarios, aun sigue recordando la pérdida; “Ya estoy bien, pero tengo muy triste… y es que mi bebé vienes vivir conmigo, y ahora ya cayeron”, dice en el poco español que puede pronunciar.

Petra Martínez Vázquez, es tía-abuela de Angélica, ha sido activista por los derechos indígenas y gestora de conflictos en La Montaña, fue la encargada de hacer público el caso, pero desde entonces, ha recibido amenazas por pobladores de Joya Real, de las mismas autoridades comunitarias, quienes le reclaman haberles arrebatado un negocio disfrazado de tradición.

“Dicen que por mi culpa ya no va a haber venta de niñas, que por mi culpa van a caer los culpables a la cárcel, y que si no retiro la demanda viene en contra mía, y yo no fui la que demandó. Fue la esposa la que sufrió el daño, ella fue la que aborto, la que sufrió el daño, ella fue la que denunció con su hija menor… simplemente pedí la liberación de la niña”, reconoce en entrevista, al tiempo que pide protección. “Lo que yo pido con el gobierno federal, estatal, que yo quiero mi resguardo porque en cualquier momento me puedan hacer daño por esta cosa tan pequeña que ellos hicieron grande. “Los comunitarios que no quisieron hacerse justicia bien han llegado hasta ese extremo. Yo no tengo la culpa pero si algo me pasa los hago responsable a ellos y al mismo gobierno, por proteger a personas que son indefensas”, reclama.

Por lo pronto, ni autoridades Federales ni Estatales han podido hacer algo al respecto, tampoco han llegado los programas sociales, ni la educación a distancia, que se hicieron inaccesibles para esta familia víctima de las costumbres que imperan en la región de La Montaña de Guerrero.

“Me gustaría meterme a estudiar, me gustaría estar en la escuela, eso es lo que me gusta hacer”, es la petición de la menor.

Juan Manuel, padre de Angélica, hoy es buscado por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que presentó una orden de detención en su contra para someterlo a reeducación, por lo que no puede regresar a su comunidad, pero también estaría siendo buscado por la Fiscalía General de Guerrero, por el delito de trata de menores de edad por haber recibido 120 mil pesos para que su hija contrajera matrimonio cuando apenas tenía 11 años, por lo que no puede salir a la calle. La Fiscalía ya detuvo a Rutilio Juan Moreno, suegro de Angélica, por abuso sexual, y quien habría mandado encarcelar a la menor con apoyo de la policía comunitaria de Dos Ríos, en el municipio de Cochoapa El Grande.

Desde su exilio, Juan Manuel habló con MILENIO sobre lo sucedido, convirtiéndose en el primer testimonio otorgado por el padre de la menor desde que se dio a conocer el caso. Reconoce haber aceptado el dinero bajo las reglas impuestas en la comunidad de Joya Real, en La Montaña de Guerrero, recuerda lo sucedido y se muestra arrepentido. Pide perdón a su hija, a su familia y a sus paisanos por la deshonra causada, pero lo que más lamenta es que de alcanzar la prisión, no podrá trabajar para darles de comer a su familia.

A las autoridades, les pide una investigación justa, que se esclarezca la transacción y que se convoque a las autoridades comunitarias que avalaron el intercambio.