En septiembre de 2019 el Congreso de Oaxaca realizó modificaciones en el Código Penal para que la interrupción del embarazo hasta antes de la semana 12 de gestación no fuera criminalizada, sin embargo, a casi un año de aquella reforma, este derecho de las mujeres sigue sin ser garantizado.

La semana pasada, “Leticia” acudió al Hospital Civil Doctor Aurelio Valdivieso a solicitar el servicio, sin embargo, éste le fue negado y en su lugar fue bombardeada de argumentos con carga religiosa para disuadirla de interrumpir su embarazo.

Desde octubre del año pasado con la publicación en el Periódico Oficial, el Código Penal establece en su artículo 312 que el “aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación”; es decir, si la interrupción se practica antes de las 12 semanas no es considerado como aborto.

Dado que el aborto es un derecho de las mujeres garantizado por diversos ordenamientos jurídicos internacionales y nacionales, éste no debe ser negado, incluso aún en medio de la pandemia por la COVID-19.

Mayra Morales Aldaz de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) Oaxaca, señaló que, en el contexto de la actual emergencia sanitaria, la interrupción legal del embarazo, así como la atención de partos, son servicios que están considerados por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva como esenciales, por lo que el estado mexicano debe garantizar a través de las Secretarías de Salud estatales y los diferentes niveles de atención.

Con información de Oaxaca Político