La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) ha dejado de cubrir obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otros impuestos municipales, lo que ha generado una deuda que ronda los 600 millones de pesos.

De acuerdo con un informe entregado a legisladores locales, las autoridades universitarias atienden seis pliegos de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que están en proceso.

Se han atendido los requerimientos tanto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca como de la ASF para cumplir con cada una de las solicitudes de los órganos de vigilancia, explicaron.

En la justificación para la solicitud de aumento de presupuesto anual externaron que del 2014 al 2018, la matrícula de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca aumentó en 23% y el subsidio lo hizo en un 8%.

“El aumento de la matrícula sin considerar en el presupuesto los fondos para la atención adecuada de esa cantidad de alumnos dentro de la máxima casa de estudios en Oaxaca, ha hecho que los problemas estructurales se agudicen”.

Incluso ventilaron que por la carencia de recursos económicos hay falta de reconocimiento de la plantilla docente, falta de reconocimiento de prestaciones salariales contenidas en los contratos colectivos de trabajo de los sindicatos (que suman seis dentro de la universidad), así como la falta de un sistema de pensiones y jubilaciones.

“La solicitud de incremento al presupuesto en un 42% (481 mdp) es para solventar los pasivos que se arrastran, toda vez que la falta de recursos han generado que la situación financiera de la UABJO sea inviable”, continuaron.

Asimismo hablaron de continuar con las gestiones para obtener el subsidio extraordinario mediante la etiqueta de saneamiento financiero para la atención de problemas estructurales de las Universidades Públicas.

“Los pasivos se han dejado de cubrir, tanto ante el IMSS como al SAT, incluso impuestos estatales, aseo público, predial, agua potable y que se arrastra desde el 2015 y que ya alcanza los 600 millones de pesos”, revelaron.