Cerca de diez servidores públicos estarían vinculados en la fuga de tres internos en el Reclusorio Preventivo Sur de la Ciudad de México, entre los cuales está Víctor Manuel Félix Beltrán, quien era operador financiero de Joaquín, El Chapo, Guzmán.

Los otros dos reclusos fugados son Yael Ozuna Navarro (también conocido como Julio César Estrada Montaño) y Luis Fernando Meza González; los tres delincuentes son miembros del Cártel de Sinaloa; cabe destacar que los tres personajes, todos ellos procesados por narcotráfico y delincuencia organizada, estaban en proceso de ser extraditados a Estados Unidos.

Además de estos 10 funcionarios, presuntos custodios del penal, también se investiga a cuatro jueces federales: Ganther Alejandro Villar Ceballos, Maria Elena Cardona, Marcos Vargas Solano y Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, por autorizar el traslado de los tres narcotraficantes al Reclusorio Sur, en lugar de permanecer en penales de alta seguridad.

La secretaria de Gobierno capitalina, Rosa Icela Rodriguez, reconoció que la fuga no se pudo haber dado sin la ayuda de servidores públicos, pues desde donde se encontraban los reos (Zona 1 del Área de Ingreso) tuvieron que pasar por cinco puertas de seguridad para abandonar el penal.

“La evasión de este tipo de centro no se puede realizar sin la ayuda de servidores públicos, hay que decirlo claramente”, aseguró la secretaria.

La funcionaria también resaltó que “en reiteradas ocasiones hemos solicitado a jueces federales el traslado de delincuentes de este tipo a centros de máxima seguridad, ante el señalamiento de especialistas de que los centros penitenciarios de la Ciudad de México son preventivos”.

Señaló que la presencia de este perfil de internos en los centros penitenciarios de la Ciudad de México ha puesto en riesgo la seguridad de las personas privadas de la libertad que se encuentran ahí y afecta la gobernabilidad, “por eso hemos insistido en la necesidad de su traslado a penales de alta seguridad, fuera de la Ciudad de México”.